En nuestra experiencia de ayudar a las Empresas a depurar la deuda presunta por aportes ante las Administradoras de Pensión, es recurrente encontrar que no se dimensiona de manera adecuada la problemática presentada, situación que pone en riesgo el patrimonio de las mismas, en la medida que esta contingencia tiene su un origen desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que ha a lo largo de estos 30 años ha venido evolucionando como consecuencia de una mejor ejecución de la facultad de fiscalización definida en el artículo 24 de la misma Ley, otorgada a favor de Colpensiones y los Fondos de Pensiones Privados.

Es frecuente encontrar que las Empresas manifiesten su inconformidad al recibir estos cobros, ya que de manera permanente realizaron los pagos históricos de cotizaciones; Sin embargo, hoy en día reciben cobros persuasivos por aportes a pensión con diferencias de valores, sin saber cómo adelantar un proyecto que permita desvirtuar los estados de deuda presentados por Fondos de Pensiones y Colpensiones.

Sumado a lo anterior, la dificultad de encontrar los soportes físicos de los pagos de la Autoliquidación de Aportes anteriores a la PILA, así como los listados de personas que hicieron parte de los mismos, se vuelven un dolor de cabeza para las compañías ya que la única manera de poder desvirtuar los cobros, es presentar los soportes probatorios estipulados en el Artículo 39 del Decreto 1406 de 1999.

Ahora bien, en los casos donde se encuentran los soportes detallados se evidencian inconsistencias generadas por el error humano en el diligenciamiento de las planillas, ya que se prorrateo el Índice Base de Cotización o se diligenciaron mal las novedades como la licencia no remunerada, situación que hacen mucho más difícil el presentar una defensa solida ante Colpensiones o las AFP.